Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal en la que se acusaba a 30 pandilleros violentos de conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas, y de complicidad en la posesión / distribución de sustancias controladas, anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Policía de Puerto Rico (PRPB) Mayagüez Strike Force investigaron el caso.
“Esta operación de arresto destaca el arduo trabajo y la asociación dedicada entre las agencias de aplicación de la ley federales y estatales”, dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico. “Compartimos la misión de sacar a los criminales violentos de las calles y mejorar los esfuerzos de toda la comunidad para hacer de Puerto Rico un lugar más seguro”.
“La DEA y nuestros socios federales, estatales y locales no han bajado la guardia. Seguimos comprometidos con la protección de nuestras familias y comunidades. Los arrestos de hoy sirven como un ejemplo de la dedicación de las fuerzas del orden para desarticular y desmantelar organizaciones violentas de drogas que afectan no solo a los ciudadanos de Mayagüez sino a todo Puerto Rico ”, dijo el agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA A.J. Collazo.
La acusación alega que desde el año 2017 o alrededor de esa fecha, hasta la fecha de la devolución de la acusación, la organización de tráfico de drogas distribuyó base de cocaína (comúnmente conocida como “crack”), heroína, cocaína y marihuana, a menos de 1,000 pies del Manuel Hernández Rosa, comúnmente conocido como “Candelaria”, Rafael Hernández, también conocido como “Kennedy”, Residencial El Carmen y otras áreas del municipio de Mayagüez, todo con fines de lucro y beneficio económico.
Como parte de la conspiración, los integrantes de la banda de narcotraficantes establecieron puntos de droga que se moverían dentro de diferentes áreas dentro de los proyectos de vivienda pública para evitar ser detectados por la policía; y operados durante el día y la noche, en horarios operados las 24 horas del día. Algunos co-conspiradores habitualmente poseían, portaban, blandían y usaban armas de fuego para protegerse a sí mismos y a su organización de tráfico de drogas. Algunos de los vendedores dentro de la organización tenían acceso a diferentes vehículos y escondían los narcóticos para recuperarlos cuando vendían las drogas. Los 30 co-conspiradores actuaron en diferentes roles para promover los objetivos de su organización, a saber: cuatro proveedores y 26 vendedores. Los imputados son:
Carmelo Ramírez-Polidura
Benigno Torres-Benítez, a/k/a “Porki”
Norbert A. Molina-Avilés, a/k/a “Alex Fogón”
Christian Anjul Martínez-Valentín
Emilio Rivera-Rodríguez, a/k/a “Gafas/Chino”
Abel Francisco Lozada-Colón
Rogelio A. Rivera-Acosta
Josué M. Justiniano-Méndez, a/k/a “Molle”
Gilbert Vargas-Deriux, a/k/a “Gemelo”
Alexander Justiniano-Pagán, a/k/a “Alex Tota”
Jason Nieto-Martínez, a/k/a “Milta”
José A. Velázquez-Pérez, a/k/a “Tato”
Carlos A. Rivera-Gómez, a/k/a/ “Buggie”
Joseph Toro-Pérez, a/k/a “Viejo”
Gerardo Méndez-Nazario, a/k/a “Chupi”
Gilfredo Luciano-Merle, a/k/a/ “Crayola”
Sonny B. Cardona-Zapata
Christopher Malavé-Bracero
Luis J. Borrero-Mejías, a/k/a “Chelo”
José L. Malavé-Cintrón, a/k/a “Pito”
José L. Rivera-Colón, a/k/a “Baby Rasta”
David Cruz-Ibarrondo, a/k/a “Davo”
Israel Rivera-Acosta, a/k/a “Yiyo/Guillo”
Ángel L. Soler-Muñiz
Erichell Ramírez-González
Christian Joel Soto-Calderón, a/k/a “Salsilla”
Walberto Rivera-Vigo, a/k/a “Wally El Pelotero”
Jhomar Echevarría-Luciano
Eileen Echevarría-Luciano
José L. Malavé-González, a/k/a “Lichi Motora”
La Fiscal Federal Auxiliar Myriam Fernández, Jefa de la Unidad de Recuperación de Activos y Lavado de Dinero y la Fiscal Federal Auxiliar Linet Suárez están a cargo del procesamiento del caso. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia mínima de 10 años y hasta cadena perpetua. Las acusaciones contienen solo cargos y no son evidencia de culpabilidad. Se presume que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
